Las 10 medidas obligadas de inmediato

ABC
Las 10 medidas obligadas de inmediato
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Si no queremos ser descabalgados definitivamente, es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo
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JUAN VELARDE FUERTES
Día 22/11/2010

La solicitud del Foro Empresarial de Valladolid de que expusiese en ese ámbito el tema «Diez recetas para salir de la crisis», me obligó a pensar en cuál era el decálogo preciso para dar, de una vez, un portazo a la muy seria crisis que se manifestó con enorme virulencia en España a partir del verano de 2007. He aquí cuál es, a mi juicio, éste, teniendo en cuenta que la nuestra es una economía extraordinariamente abierta a la competencia exterior.

En primer lugar es preciso aclarar a los españoles, de modo análogo a como lo hizo Fuentes Quintana en vísperas del Pacto de la Moncloa, por qué es muy grave la situación que se vive desde entonces y el motivo que explica el que no aparezcan signos de recuperación en la actualidad. En segundo término es preciso alterar de arriba a abajo nuestra política energética. Hemos creado, en índices de eficacia, en dependencia exterior, en opciones por energías caras al haber abandonado la nuclear, un país que pierde competitividad a chorros por ese motivo. El tercer problema a superar es el de la rigidez del mercado laboral, especialmente mostrado en los aspectos concretos de la negociación colectiva, y en otra serie de características, que fueron consolidadas con las medidas legales de 1980 y 1985. Como consecuencia, nuestro NAIRU —la tasa de desempleo que no engendra inflación, y con ello, que disminuye la competencia exterior— se sitúa en el 12% de desempleo; y la curva de Okun muestra que sólo a partir de un crecimiento del PIB en torno al 2,5% se crea empleo. El cuarto, y muy especialmente tras Basilea III, que es preciso culminar una reforma de nuestro sistema crediticio, en todo él, pero con especial incidencia en las cajas de ahorros. No haber tenido en cuenta el artículo de Jaime Terceiro «Singularidades en el sistema financiero español: la situación de las cajas de ahorros», publicado en diciembre de 1995 en «Información Comercial Española» trae estos lodos. El quinto es alterar de arriba a abajo el Estado de Bienestar. No es posible que la financiación de las pensiones prosiga basándose en un sistema de reparto; añádase que la división entre las diecisiete autonomías del sistema de atención sanitaria, previamente unificado, desde Girón a Lluch y Sabando, tiene que cesar; que en las atenciones a los parados, lo que nos ha señalado, incluso en España, el reciente premio Nobel de Economía, Pissarides, que lo logró, precisamente por exponer cómo puede ser eficiente, tiene que ser puesto de relieve; finalmente que la amenaza muy seria, de lo que Macarrón llama y no exagera, «el suicidio demográfico de España», exige reconsiderar la ayuda familiar. El sexto es el problema institucional. Lo denunció con agudeza Carlos Sebastián, y por ignorarlo, no se adivinan las precisas reformas institucionales que son aquellas «que generan eficacia, transparencia e independencia en la regulación económica». Vemos por eso que en la reciente «Clasificación en facilidad para emprender negocios» que publica el Banco Mundial en el documento «Doing Business 2010», España se encuentra en el puesto mundial 62, un poco peor que Kuwait y un poco mejor que Kazakstán. El séptimo es efectuar una «reforma de la reforma tributaria», aquella que apareció en 1978, y tuvo entonces un papel esencial y positivo, pero que veintidós años después necesita cambios muy importantes. ¿Para cuándo, por ejemplo, la creación de una Comisión Lagares para llevar adelante, con urgencia, las alteraciones oportunas? Señalo esto, porque las propuestas del profesor Manuel Lagares siempre han sido, no ya lógicas desde el punto de vista analítico, sino contrastadas de modo óptimo con la realidad cuando se pusieron en acción. El octavo es cortar, de raíz, las políticas de las autonomías de intervención en la actividad económica, cada una de un modo, y por ello volver a un mercado unificado. Me parece, sin ser experto en derecho público, que incluso habría posibilidad de apoyo constitucional, debido al texto del artículo 131.1 de nuestra Ley Fundamental de 1978. El noveno es volver a la economía de mercado, liquidando de raíz la proliferación de empresas públicas que han surgido en las autonomías: suben de 588 en 2003 a 962 en 2009, y en las corporaciones locales: entre las mismas fechas aumentan de 913 a 1.573. El décimo es alterar radicalmente el sistema educativo, para que proporcione una población activa congruente con la fortísima dinámica de la revolución industrial. Si no queremos ser descabalgados definitivamente de ella es obligado alterar muy radicalmente lo que está en marcha ahora mismo, desde la primaria a la universitaria, pasando por la formación profesional. Poner en marcha todo, y además es preciso que sea prácticamente simultáneo, hay que confesar que no será cómodo para ningún político español. Pero éste debe tener en cuenta aquello que Platón, en «La República» (Libro primero,XIX), pone en boca de Sócrates en diálogo con Glaucón y Trasímaco: «El verdadero gobernante no ejerce en el cargo para mirar por su propio bien, sino por el del gobernado».

The New York Times. The Spanish Prisoner

Op-Ed Columnist

The Spanish Prisoner
By PAUL KRUGMAN
Published: November 28, 2010

The best thing about the Irish right now is that there are so few of them. By itself, Ireland can’t do all that much damage to Europe’s prospects. The same can be said of Greece and of Portugal, which is widely regarded as the next potential domino.
But then there’s Spain. The others are tapas; Spain is the main course.
What’s striking about Spain, from an American perspective, is how much its economic story resembles our own. Like America, Spain experienced a huge property bubble, accompanied by a huge rise in private-sector debt. Like America, Spain fell into recession when that bubble burst, and has experienced a surge in unemployment. And like America, Spain has seen its budget deficit balloon thanks to plunging revenues and recession-related costs.
But unlike America, Spain is on the edge of a debt crisis. The U.S. government is having no trouble financing its deficit, with interest rates on long-term federal debt under 3 percent. Spain, by contrast, has seen its borrowing cost shoot up in recent weeks, reflecting growing fears of a possible future default.

Why is Spain in so much trouble? In a word, it’s the euro.
Spain was among the most enthusiastic adopters of the euro back in 1999, when the currency was introduced. And for a while things seemed to go swimmingly: European funds poured into Spain, powering privatesector spending, and the Spanish economy experienced rapid growth.
Through the good years, by the way, the Spanish government appeared to be a model of both fiscal and financial responsibility: unlike Greece, it ran budget surpluses, and unlike Ireland, it tried hard (though with only partial success) to regulate its banks. At the end of 2007 Spain’s public debt, as a share of the economy, was only about half as high as Germany’s, and even now its banks are in nowhere near as bad shape as Ireland’s.
But problems were developing under the surface. During the boom, prices and wages rose more rapidly in Spain than in the rest of Europe, helping to feed a large trade deficit. And when the bubble burst, Spanish industry was left with costs that made it uncompetitive with other nations.
Now what? If Spain still had its own currency, like the United States — or like Britain, which shares some of the same characteristics — it could have let that currency fall, making its industry competitive again. But with Spain on the euro, that option isn’t available. Instead, Spain must achieve “internal devaluation”: it must cut wages and prices until its costs are back in line with its neighbors.
And internal devaluation is an ugly affair. For one thing, it’s slow: it normally take years of high unemployment to push wages down. Beyond that, falling wages mean falling incomes, while debt stays the same. So internal devaluation worsens the private sector’s debt problems.
What all this means for Spain is very poor economic prospects over the next few years. America’s recovery has been disappointing, especially in terms of jobs — but at least we’ve seen some growth, with real G.D.P. more or less back to its pre-crisis peak, and we can reasonably expect future growth to help bring our deficit under control. Spain, on the other hand, hasn’t recovered at all. And the lack of recovery translates into fears about Spain’s fiscal future.
Should Spain try to break out of this trap by leaving the euro, and re-establishing its own currency? Will it? The answer to both questions is, probably not. Spain would be better off now if it had never adopted the euro — but trying to leave would create a huge banking crisis, as depositors raced to move their money elsewhere. Unless there’s a catastrophic bank crisis anyway — which seems plausible for Greece and increasingly possible in Ireland, but unlikely though not impossible for Spain — it’s hard to see any Spanish government taking the risk of “de-euroizing.”
So Spain is in effect a prisoner of the euro, leaving it with no good options.
The good news about America is that we aren’t in that kind of trap: we still have our own currency, with all the flexibility that implies. By the way, so does Britain, whose deficits and debt are comparable to Spain’s, but which investors don’t see as a default risk.
The bad news about America is that a powerful political faction is trying to shackle the Federal Reserve, in effect removing the one big advantage we have over the suffering Spaniards. Republican attacks on the Fed — demands that it stop trying to promote economic recovery and focus instead on keeping the dollar strong and fighting the imaginary risks of inflation — amount to a demand that we voluntarily put ourselves in the Spanish prison.
Let’s hope that the Fed doesn’t listen. Things in America are bad, but they could be much worse. And if the hard-money faction gets its way, they will be.